La Almoraima es el mayor latifundio de Europa, cuyas tierras de labor se mezclan con bosques mediterráneos de alcornoque, quejigos, acebuches y pinos. Un bello paraje de 14.113,10 ha en la localidad de Castellar de la Frontera (Cádiz), a unos 50 Km de Marbella. La finca fue expropiada a la familia Ruiz Mateos en 1983. Ahora, el Estado español la quiere sacara subasta por un precio 300 millones de euros. La oposición del pueblo de Castellar, los ecologistas y la Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no han conseguido convencer al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, de parar el proceso de venta de este enclave público. El 90% de la finca (12.760 ha) está dentro del Parque Natural de los Alcornocales, de alto valor ecológico. Es por ello que el Parlamento Andaluz se pronunció en contra de la venta. La Junta podría ejercer el derecho de retracto y quedarse con la finca, pero su situación económica se lo impide.
Aunque aún se desconocen las condiciones de la subasta, la gestora de La Almoraima, Isabel Ugalde Ruiz de Assin, ha informado de la intención de convertir la finca en un complejo turístico de lujo que incluiría un campo de golf, otro de polo y un aeródromo para aquellos que quieran practicar la caza mayor. Precisamente a Isabel Ugalde (exdiputada del PP) señalan Verdemar-Ecologistas en Acción como culpable de la actual situación deficitaria de la finca, por su mala gestión. Desde hace varios años, están avisando de la insostenibilidad ecológica, evidenciada por la degradación del alcornocal. Este no se regenera debido a la excesiva carga de especies cinegéticas, que sería 3,3 veces superior a su cabida y con especies inadecuadas. Otro problema para los ecologistas es la inconveniencia de que Isabel sea, al mismo tiempo, la propietaria privada de la finca y la gestora pública de esta. Denuncian que su sueldo rondaría los 100.000€, además de vivir gratis en la casa convento de la finca.
El alcalde de Castellar, Juan Casanova (IU), vería con buenos ojos una mejora en la gestión de la finca para dar trabajo a más vecinos, pero nunca la privatización de la misma ni la construcción de un complejo turístico. Lo que Casanova propone es mejorar la explotación del corcho y aprovechar los restos de biomasa como energía renovable. Para los ecologistas es inaceptable que el Estado pierda esta finca que posee un gran valor ecológico, así como monumentos artísticos de valor incalculable. Por su parte, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) lleva tiempo solicitando el traspaso de las competencias de la finca del Ministerio a la Junta de Andalucía para que, a su vez, esta se la ceda al Ayuntamiento de Castellar y la gestione fomentando cooperativas locales.
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