Los peligros que acechan a Doñana

Las amenazas que ponen en riesgo el espacio natural son múltiples, como el dragado del río Guadalquivir, la sobreexplotación del acuífero y el robo de agua o los proyectos gasísticos. Y no son pocos estos proyectos. La empresa Petroleum Oíl & Gas España S.A (filial de Gas Natural Fenosa) tiene previsto la instalación de todos los equipos necesarios para llevar a cabo una explotación de almacenamiento de gas subterráneo. Este proyecto se encuentra paralizado por los recientes problemas sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona, donde se lleva a cabo una actividad similar. Además, esta misma empresa quiere realizar una investigación y extracción de gas mediante perforación de sondeos y ampliar gasoductos de conexión de instalaciones y perforaciones. El pasado mes de enero, el Gobierno dio el visto bueno al proyecto, que no cuenta con un estudio de riesgos sísmicos a pesar de que el Instituto Geológico y Minero lo consideraba necesario. Se contempla la construcción de un gasoducto de más de 18 Km y mayor diámetro que el actual. El nuevo iría en paralelo al viejo y rodeando la frontera del parque. Como dato de interés, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana estaba presidido hasta el pasado mes de diciembre por el ex Presidente del Gobierno Felipe González, que sustituía al biólogo Ginés Morata. Felipe González, que solo acudió a dos de los cinco pleno celebrados y a ninguna reunión sobre el proyecto de gas, es consejero de Gas Natural. Los ecologistas, que se han opuesto desde el primer momento al proyecto, esperan que este sea paralizado por la UE.

El estuario del Guadalquivir presenta alteraciones debido a la necesidad de dragar el río para el acceso de buques al puerto de Sevilla. Esto supone varios problemas. Uno es que el paso de grandes barcos genera un oleaje que afecta a las orillas. Estas han retrocedido entre 10 y 30 metros en los últimos 50 años, al menos en los márgenes del río que están dentro del parque. Los buques sueltan en el río aguas de lastre procedentes de otras partes del planeta que llevan consigo especies exóticas que, en ocasiones, acaban siendo invasoras. El gran tránsito, los combustibles, las especies invasoras y el cambio en la dinámica normal del agua y los sedimentos del río afectan al estuario e implica la pérdida de biodiversidad en el mismo.

La cosa no acaba aquí, lamentablemente. Otro problema que requiere solución es la sobreexplotación de los recursos hídricos. En la zona noroeste del parque se ha dado en los últimos años un importante aumento en el número de cultivos, principalmente de fresa. Se cree que hay unas 6.000 ha bajo el plástico de los invernaderos. Según WWF, un tercio están colocados en montes públicos. Estos cultivos son regados con agua extraída del acuífero, en muchas ocasiones de forma ilegal. Se calcula que hay cerca de 1.000 pozos ilegales. El Gobierno aprobó en octubre un trasvase para intentar solucionar el problema, aunque esto no deja de ser una medida provisional. La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en los próximos meses un plan para poner orden a la agricultura del lugar. Además del peligro de la disminución del nivel del acuífero, los cultivos llevan otro serio problema implícito: la desaparición de los bosques naturales para la creación de cultivos afecta de forma directa a la población de lince ibérico que tiene en esos montes su hogar.

También hay que recordar el problema más grave al que se ha enfrentado el Parque Nacional de Doñana, uno de los más graves del país: el desastre de Aznalcóllar. El 25 de abril de 1998 se rompió una balsa de la empresa sueca Boliden-Apirsa que contenía residuos de metales pesados. El vertido afectó a 4.634 ha de la provincia de Sevilla. Se construyeron diques para evitar el avance de los vertidos hacia el parque, desviándolos al Guadalquivir, pero se dio una alta contaminación de los terrenos (contaminados de forma indefinida), a pesar de las acciones de limpieza de la Junta, que se encargó de la limpieza del 72,5% de la superficie afectada. El Ministerio de Medio Ambiente se encargó del 7,4% y la empresa del 20,1%. La junta de Andalucía reclama 89,8 millones de euros a la empresa sueca por los gastos de limpieza y restauración (gastó en total más de 167 millones). El Gobierno del estado pide también 43,7 millones de euros. La empresa a día de hoy no ha pagado nada y no tiene intención de hacerlo, según han declarado.

Afortunadamente, también hay buenas noticias y es que gracias a la presión de colectivos ecologistas y de ciudadanos se ha conseguido parar un proyecto altamente contaminante y de mucho impacto: la refinería y el oleoducto Balboa. El oleoducto habría tenido una longitud de más de 200 Km, habría multiplicado la presencia de petroleros en las costas de Huelva y aumentado el riesgo de mareas negras y habría supuesto la emisión de 1,5 millones de toneladas de CO2.