La Directiva de la Unión Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas exige a los Estados miembros que los núcleos urbanos de más de 10000 habitantes recojan y traten de forma adecuada sus aguas residuales. Estas aguas sin tratar correctamente pueden presentar virus, bacterias y un exceso en nutrientes como nitrógeno o fósforo que son perjudiciales tanto como para la salud pública cómo para el medio ambiente.
Actualmente la Comisión Europea se encuentra investigando más de 800 casos de vertidos de aguas residuales deficientemente tratadas. Los más destacados son los casos de vertidos ilegales de Figueres, Bergà y El Terri en Cataluña y la zona de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu en Galicia; además se considera que Bollullos del Condado en Huelva y Abrera y Capellades en Barcelona han remitido informes incompletos o erróneos.
Desde Bruselas se acusa a España de haberse retrasado en la aplicación de la Directiva. La legislación debería haberse aplicado a finales de 1998, razón por la cual, ya en 2003, España fue advertida por los casos antes nombrados.
Con la remisión del caso al Tribunal de Justicia Europeo se espera que se declare que nuestro país no ha cumplido con lo pactado enfrentándose, por lo tanto, a ser sancionado.
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